El 6 de septiembre se aprobó la Ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, con el objeto de garantizar y proteger el derecho a la libertad sexual y erradicar todas las violencias sexuales. La finalidad de esta ley es la adopción y puesta en práctica de políticas que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales. Para ello las empresas deben asumir una serie de obligaciones:
- Promover condiciones de trabajo que eviten conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
- Arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas.
- Promover la sensibilización y la formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal.
- Incluir la violencia sexual en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo e informar de ello a sus trabajadores/as.
Además se incluye la posibilidad de obtener el distintivo «Empresas por una sociedad libre de violencia de género» a aquellas empresas que adecuen su estructura y funcionamiento conforme a esta ley.
Os lo explicamos con más detalle en la nota informativa NI-086 Ley_2022.
